Las eléctricas recuperan a través del término de potencia los costes de inversión en generación que no pueden recuperar por el precio de mercado de la electricidad.
Cualquiera puede observar que en los últimos dos años el precio de la energía utilizada para producir electricidad ha bajado, pero el recibo de la luz ha subido. Un elixir mágico, llamado regulación a la carta (de las compañías eléctricas, por supuesto), ha conseguido que el consumidor que menos energía eléctrica gasta sea el que pague más en términos relativos; y viceversa. Una política racional de precios procuraría que pagasen más (en términos relativos) los que más gastan, porque eso es lo que dicen los manuales de economía y porque de esa manera podría buscarse una disuasión del consumo. Pero en España sucede al revés. ¿Por qué?
Pues porque el regulador —el Gobierno— decidió en 2013 que era necesario, mejor dicho, imperativo, aumentar lo que paga el cliente en concepto de potencia contratada, que es la parte fija del recibo, para garantizar (parece la única explicación económica) los ingresos de las eléctricas. El balance desde agosto de 2013 es arrasador: para el consumidor doméstico ha supuesto una subida del 92% de la parte fija del recibo (término de potencia contratada) y del 145% para el consumidor industrial. La decisión ataca directamente los bolsillos de los clientes con menos capacidad económica y liquida cualquier política de ahorro; se haga lo que se haga con el consumo en los hogares, el peso principal del recibo sigue siendo inmune a la austeridad.
Romano Pisciotti surfing web: EL PAÍS